La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó en primera instancia el nombramiento del Ministro del Interior Daniel Andrés Palacios Martínez, por no cumplir la Ley de Cuotas.

Como Ley de Cuotas se conoce en el país la ley 581 de 2000 por medio de la cual se dispone que el 30 por ciento de los altos cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres.

En el caso del Ministro Palacios, los magistrados del Tribunal consideraron que tras la renuncia de Alicia Arango en septiembre de 2020, el presidente Duque debió nombrar a una mujer en en su reemplazo, o en su defecto en otro cargo del gabinete para conservar dicho nivel establecido por la normatividad

“De modo que, con el Decreto 033 del 12 de enero de 2021, por el cual el Presidente de la República nombró al señor Daniel Andrés Palacios Martínez, como ministro del Interior, se disminuyó la participación de las mujeres en los ministerios, ya que, con los 5 cargos ocupados por mujeres, a la fecha de su expedición, representan menos del 30 %, incumpliendo con los mínimos exigidos en el artículo 4° de la Ley 581 de 2000, pues al haber nombrado a un hombre mediante el acto acusado, se contaba con menos del 30 % de participación de la mujer en el gabinete ministerial”, manifiesta la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Agrega que “en consecuencia, se accederá a la pretensión de nulidad del Decreto 033 del 12 de enero de 2021, por las consideraciones expuestas en precedencia y, se ordenará al presidente de la República para que, al hacer un nuevo nombramiento, éste cumpla con las disposiciones de la Ley 581 de 2000, pues está obligado a nombrar, al menos el 30 % de los cargos de máximo nivel decisorio en los Ministerios, a mujeres”.

El ministro Palacios trinó: “Respeto la decisión en primera instancia. Apelaré la decisión ante el Consejo de Estado, quien ya se había pronunciado frente a este mismo acto administrativo declarando la legalidad del mismo”.

Por la misma motivación se cayeron hace algunas semanas los nombramientos de Diego Molano en el Ministerio de Defensa y de Víctor Muñoz como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). 

Ambos casos también se encuentran en apelación ante el Consejo de Estado, a la espera de un fallo de segunda instancia, y por tanto los altos funcionarios pueden continuar al frente de sus despachos.